El TSJ de Navarra confirma la condena de nueve años de cárcel contra La Manada

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado mantener la pena de nueve años de prisión contra los cinco miembros de La Manada por por un delito continuado de abuso s e x u a l con prevalimiento en 2016.

En este nuevo fallo se habla de “sometimiento y pasividad” y se califica el caso de “abuso con prevalimiento“:

“La Sala está plenamente de acuerdo con esta apreciación del contenido de los vídeos. A juicio de la Sala los vídeos evidencian de una parte la pasividad doliente de la víctima y de otra el abusivo comportamiento de los acusados, que inician sin prolegómeno alguno y desarrollan sin miramiento un atentado contra el derecho a la libre determinación personal de la joven, prevaliéndose de su número y fuerza, escarneciendo su situación de desamparo. Y la Sala tras examinar los vídeos se ratifica en la convicción de instancia de que de ninguna manera puede entenderse que se deduzca asentimiento alguno o participación activa de la joven en los inicuos y vejatorios actos que se muestran en las imágenes”.

El Tribunal Superior de Navarra confirma la condena de 9 años de prisión por abuso a La Manada.

A uno de los cinco acusados, Antonio Manuel Guerrero, le consideran, además, responsable de un delito de robo con intimidación, por lo que se le sumarán 2 años más de prisión en vez de los 900 euros de multa fijados por la Audiencia, por un delito leve de hurto, por robarle el móvil a la denunciante.

 

De los cinco magistrados, dos elaboran un voto particular en el defienden que ‘la manada’ debe ser condenada por agresión s e x u a l y no por abuso.Los acusados serán juzgados también por delito contra la intimidad por la grabación de los hechos, descartando así los alegatos de la defensa que denunciaron la existencia de un juicio paralelo mediático que habría contaminado las pruebas y la imparcialidad de los juzgadores:  “No se puede presuponer, como hacen las defensas, que la información periodística haya sido sesgada o manipuladora de la opinión pública, sino parte esencial de un debate social, que manifiesta los anhelos de justicia de la población; sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran derivarse de los atentados puntuales contra la intimidad o los derechos fundamentales de los procesados o de la víctima. Y en cuanto al alegado tratamiento adverso por los medios, es patente que los procesados han podido también intervenir en el debate social y hacer declaraciones exculpatorias”.