El magistrado Juan José Escalonilla ha considerado que hay indicios suficientes para procesarlo por usar su cargo en una ONG con presos en semilibertad para abusar de al menos dos de ellos bajo amenaza de devolverlos a la cárcel.

El político ya fue condenado en el pasado por abusos a un menor  y por gastar 50.000 euros de la tarjeta bancaria que poseía como concejal de Urbanismo de Palma en cocaína y prostitución masculina.

La  investigación ha concluido que con el poder que se le otorgó en la ONG ejerció estas prácticas y así figura en el informe:

«Prevaliéndose de su condición de coordinar del programa Javier, y bajo la amenaza de emitir informes desfavorables que determinarían que se le retirara el aval frente al centro penitenciario, con la consiguiente pérdida de los permisos, Javier Rodrigo de Santos López obligó a la víctima en siete ocasiones a mantener relaciones con él, consistentes en todos los casos en la realización de felaciones a dicho interno, obligándole a continuación a que éste le realizara penetraciones anales usando preservativo».

El acusado ya pasó 5 años en prisión por un delito sexual (de los 13 que le solicitaba el fiscal) ya que tribunal Supremo consideró que el chico de 14 años no había mostrado resistencia explícita en el momento del abuso.