Protección de Datos condena a Eroski por difundir el vídeo captado por una cámara de vigilancia cuando Cifuentes hurtó dos cremas en un supermercado del centro de de Vallecas (Madrid).

La seguridad del supermercado retuvo a la presidenta en un cuarto privado del supermercado tras sustraer dos botes de cremas, dicho incidente fue captado por una cámara y publicado por OK diario en una exclusiva que circuló por todas las televisiones y medios de comunicación.

Ahora el supermercado Eroski tendrá que pagar una multa de 150.000 euros a Cifuentes por la difusión del vídeo en abril de 2018.

A la resolución ha tenido acceso ‘Europa Press’ y ‘El Independiente’, en el que se impone la citada multa por vulnerar el artículo 9 de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que establece que «el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural».

En primer lugar Protección de Datos condena a Eroski por difundir el vídeo a una multa de 100.000 euros por una infracción grave del artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), «en relación con los artículos 88.1, 89, 91, 93 y 99»,

También se suman otros 50.000 euros por el artículo 4.1 del a LOPD, por disponer de fotografías de personas sospechosas de hurto.

«Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido».

Eroski ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la AEPD y ha defendido que cumplió «escrupulosamente» su protocolo de seguridad.

«El servicio de videovigilancia del establecimiento estaba subcontratado con un tercero con acceso autorizado a las grabaciones, en virtud del contrato de prestación de servicios que regulaba la relación como encargado de tratamiento de los datos».