En el documento con título ‘Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada’, analiza el papel de la inversión privada en el mercado inmobiliario y relata que la vivienda se ha convertido «en la mercancía de elección de las instituciones financieras corporativas, una garantía para los instrumentos financieros que se comercializan a distancia en los mercados mundiales”.

Apunta también que «los inversores institucionales compran grandes cantidades de viviendas asequibles y sociales desplazando a las familias y comunidades de menores ingresos”.

“Las personas y corporaciones ricas utilizan los bienes inmuebles residenciales para aparcar capital, eludir impuestos u ocultar ganancias adquiridas ilícitamente, lo que ha provocado que se hayan inflado los precios del suelo y de la vivienda, y que partes notables del parque inmobiliario hayan quedado vacías”.

«Los Estados han facilitado y fomentado el cambio en el papel que desempeña el sector privado en el ámbito de la vivienda y han concedido desgravaciones fiscales a especuladores inmobiliarios, ventajas fiscales a los propietarios de viviendas y permisos especiales de residencia a los inversores extranjeros”.

Para este organismo de la ONU la prioridad es «establecer un marco regulador del alquiler que preserve la seguridad de la tenencia y la vivienda asequible para los inquilinos, por ejemplo, limitando los precios de los alquileres, imponiendo controles o congelando los precios de los alquileres cuando sea necesario”.

“Los Estados deberían exigir a los bancos y otros acreedores que eliminen los obstáculos al acceso al crédito para las mujeres, las familias jóvenes, los residentes de asentamientos informales y otras personas que necesiten financiación para la vivienda”, sostiene.