La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana ha entregado al juzgado que instruye las diligencias derivadas del proceso de la ‘Operación Erial’ nueva documentación que compromete al expresidente Eduardo Zaplana.

El informe aportado por antifraude  analiza y detalla el procedimiento de licitación que aplicó la Generalitat para adjudicar este servicio en 1997, dos años después de que Zaplana se convirtiera en presidente y que acabó con 20 millones de pérdidas para el ente público.

Las empresas adjudicadas tuvieron un acuerdo ventajoso y según apunta antifraude, Zaplana percibió grandes cantidades de dinero en la operación.

La magistrada quería saber si se cumplieron los requisitos establecidos en las leyes para la licitación y encargó un informe pericial, que fue entregado en diciembre y que contasta  que «Zaplana actuó por su cuenta y no elevó al pleno del Consell la propuesta de contratación».

El informe alerta de que «no existía ningún estudio económico-administrativo del servicio. Tampoco hay constancia del estudio de costes que justificara la selección de empresas, del análisis sobre los beneficios o de los funcionarios que participaron en la tramitación».

«Se tomaron decisiones presuntamente arbitrarias y se descartaron ofertas más ventajosas para la Administración».

«La Generalitat Valenciana perdió 1,7 millones al no actualizarse el importe de arrendamientos de las instalaciones».

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