Los bancos españoles han logrado retener 1.400 millones de euros del botín que obtuvieron tras engañar a sus clientes con las cláusulas suelo.

Esto ha sido posible gracias a la aplicación de un decreto por el que el Gobierno de Mariano Rajoy habilitó una vía extrajudicial para resolver las reclamaciones de las víctimas de esta estafa. Lo hizo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que corrigió al Supremo y obligó a devolver todo lo que se habían quedado, dictando una sentencia inapelable en la que los consumidores deberán recibir el dinero pagado de más desde el inicio de la firma de los contratos.

El TJUE había resuelto la disputa sobre la fecha desde la que este dinero cobrado de manera indebida y zanja la cuestión: el dinero que los bancos cobraron de más debe ser devuelto desde el inicio del contrato, en el caso de que un tribunal español las declare abusivas en un contrato concreto.

La ley española no podía aplicarse y había juzgados que recibían 900 demandas al mes. Mariano Rajoy y su equipo reaccionaron con un decreto que reformaba de forma tardía la ley hipotecaria que beneficiaba a la banca.

Hasta la creación de este decreto, más del 97% de los afectados por la cláusula suelo recuperaban su dinero en el juzgado, obteniendo aproximadamente unos 7100 euros de media.

A partir de la aplicación de esta medida, los bancos habrían tenido que desembolsar 3.600 millones de euros para reparar los cobros a los afectados. Gracias a este decreto, tan solo se aceptaron a trámite el 44% de los casos, lo que supone un coste de 2.200 millones.

El TJUE tiene ahora sobre la mesa otra demanda sobre la legalidad de la renegociación de los intereses que varios bancos españoles comenzaron a imponer a sus clientes tras el fallo inicial del Supremo sobre las cláusulas suelo. Esperemos que si en Gobierno quiere decretar esta vez, lo haga pensando en los ciudadanos.

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