El titular del Juzgado de Social número 34 de Madrid, Antonio Seoane, advierte que en un estado de alarma quien decide cómo repartir el material disponible es el Ejecutivo, priorizando “servicios, territorios y grupos sociales”.
El juez ha rechazado las medidas cautelarísimas reclamadas por el SUP (sindicato unificado de policía) y les da un rapapolvo por su antipatriotismo en este terrible estado de alarma.
El SUP reclamaba al juez que exigiera al Gobierno que proporcionara material sanitario para todos los agentes de policía que están patrullando durante la crisis sanitaria.
En su auto el juez ha sido directo por acudir a la Justicia en esta situación: “Nos hace sospechar que pudiéramos estar dispendiando servicios esenciales en atender solicitudes apodícticas, imposibles e inútiles para que determinados sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación”.
El juez afirma que los sindicatos están por alto que en estas situaciones calamitosas es necesaria la unidad de dirección y que tras el que dirige hemos de situarnos todos sin reservas ni conjunciones adversativas o locuciones adversativas, por ello hace mención que «en ello radica el auténtico patriotismo».
El juez les recuerda que en época de guerra a los desinformadores, quintacolumnistas y a los que desmoralizan a la población civil se les condenaba por traición.
El juez ha desestimado la petición que ante la escasez de material no se podría satisfacer la escasez relativa de equipos de forma universal y golpea a los denunciantes y recuerda que en estado de alarma no se pueden aplicar las normas de prevención de riesgos laborales: “Esa es la inhumanidad de los corporativismos, creer que el cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás”.
“Dicho de otra manera, en los estados de alarma, excepción o guerra, los servicios esenciales están publificados, no son sólo servicios al empleador sino a la población y son las autoridades gestoras de la crisis las que deben proveer a dotar de equipos de protección, siempre en la medida de sus posibilidades. No es imaginable que en situación de guerra los sindicatos pidan judicialmente que se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionen balas a los soldados para evitar más muertes”, termina de exponer en el auto.
