El magistrado Ignacio González Vega, portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y punto de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal, ha analizado este jueves en el programa de la Sexta «Al Rojo Vivo» las irregularidades que presenta la causa contra Podemos.

Así lo demuestra un vídeo compartido por el portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en sus redes sociales.

En relación con los 41 minutos de la declaración del exabogado de Unidas Podemos, a los que ha tenido acceso la Sexta, la presentadora le ha preguntado si es normal en un proceso imputar a una persona o a una entidad sin pruebas, sin que haya documentación que acredite las acusaciones.

González Vega respondía: «Bueno, lo primero recordar lo que siempre es exigible y, sobre todo, cuando estamos hablando de causas judiciales, la presunción de inocencia que ampara a todas las personas, incluso a los responsables políticos. En este caso máxime cuando el auto de imputación no es ni siquiera firme, cabe un recurso y, de hecho, se ha planteado uno de nulidad ante la Audiencia Provincial.»

«En este caso en concreto se han advertido una serie de irregularidades. Por un lado está el tema de la desaparición o extravío de la mayor parte del testimonio del denunciante y máxime teniendo en cuenta, que en este caso en concreto, es este testimonio sobre el cual se articula toda la prueba de cargo que hay, hasta el momento, contra la formación morada y contra sus responsables políticos», continuaba.

Los imputados de Unidas Podemos tendrán que ir a declarar a finales de noviembre y tendrán desde ahora hasta noviembre para presentar la documentación. El magistrado al ser preguntado sobre si considera que este plazo es demasiado amplio ha dicho que sí. «Sí, por supuesto, a mí me llama poderosamente la atención que resulta que se les ha imputado ahora en el mes de agosto y haya que esperar hasta finales de noviembre para poder declarar. Eso causa una seria indefensión, aparte de todo durante estos meses hay un estigma de que estas personas han podido cometer unos delitos sin la posibilidad de defenderse«.

Además a González Vega le ha parecido muy importante destacar una irregularidad, al menos aparente, que es el hecho de una vulneración del deber de confidencialidad por parte del denunciante. «Hay que recordar que el secreto profesional que hay entre el cliente y su abogado es un deber que se mantiene incluso cuando ha terminado la relación entre ambos», señalaba.

Por lo tanto, considera que el abogado debería haber mantenido esa confidencialidad y no haber hecho uso de una información conocida en una relación entre abogado-cliente presidida por la confianza para ponerlo en conocimiento de la justicia y cree que el Colegio de Abogados deberá tomar cartas en el asunto.

Vox se ha personado en la causa y para el magistrado la personación de las formaciones políticas en determinadas causas penales es una anomalía y se pregunta si es admisible que lo que es propio de la confrontación política se aprovechen las salas de justicia.

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