Según informaba el diario Público este lunes, La Fiscalía de Zaragoza investiga si los nueve concejales del PP y la única edil de Vox en el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) cometieron un delito de prevaricación.
Se les investiga por oponerse el pasado 29 de julio a revocar el acuerdo por el que el consistorio acordó conceder la medalla de oro de la ciudad a Franco y la inscripción de esa decisión en el Libro de Honores y Distinciones de la corporación en 1951.
La denuncia que ha dado lugar a la investigación, señala que la concesión de la medalla fue decidida «en un régimen dictatorial, en el que la seguridad y la libertad no estaban garantizadas, por lo que deben ser objeto de revisión desde los principios y valores democráticos» y sostiene que los concejales que se opusieron a revocar el acuerdo, «en realidad, votaban contra el cumplimiento de una obligación legal, avalada por diversos informes jurídicos».
Cuando un funcionario público, juez o autoridad pública, en el ejercicio de sus funciones, emite una resolución a sabiendas de que es injusta, está cometiendo un delito de prevaricación, un delito que el Código Penal castiga con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de nueve a quince años.
Se trata de la primera ocasión en la que el ministerio público abre diligencias para investigar un posible incumplimiento de la ley aragonesa de Memoria Democrática, que prohíbe la exaltación del franquismo y da a las instituciones públicas un plazo para limpiar la comunidad de vestigios de la dictadura que incluye además «revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista».
En el caso de Calatayud se dan circunstancias particulares. Una de ellas es la existencia de un plazo tasado y de una referencia explícita en la ley al tipo de honores que se ven afectados, a los que se añade un informe jurídico emitido por la secretaria municipal dirigido a todos los concejales en el que advertía de las consecuencias penales y económicas para los miembros que impidieran la derogación de la resolución tomada hace casi 70 años.
Si los tribunales consideran que se ha producido una vulneración de la ley de manera intencionada tendrían lugar las consecuencias penales. En el caso de las económicas, si mantener el acuerdo supusiese un quebranto económico para el consistorio, los ediles tendrían la eventual obligación de asumirlo con su propio patrimonio.
