Más de 250 sanitarios preparan una demanda contra el Gobierno de Ayuso

Más de 250 sanitarios madrileños están ultimando una denuncia contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su mala gestión de la crisis del coronavirus en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

Según adelanta la Cadena SER, las pésimas condiciones laborales sufridas por los profesionales les ha llevado a tomar esta decisión. Los sanitarios reprochan al Ejecutivo regional la falta de equipos de protección, el poco descanso y la suma de carencias de la salud pública.

También piden el reajuste de algunas medidas como una reducción del cupo de pacientes, hasta 28 por jornada laboral, y que se pueda dedicar un mínimo de 12 minutos a cada consulta.

Los médicos, que tienen que atender incluso pacientes de otros facultativos, aseguran que no dan abasto y temen que la presión asistencial que vivieron durante lo peor de la pandemia se repita y que los hospitales se vean desbordados.

Ante esta posibilidad de un nuevo colapso sanitario, un grupo de profesionales reclaman al Gobierno de la Comunidad de Madrid la adopción de una serie de medidas necesarias para la contención de la covid-19, al margen de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad o de reunión que exija la situación actual.

Entre estas medidas se encuentran la apertura de todos los centros de salud y de los consultorios locales y refuerzo de sus plantillas, la contratación de rastreadores para la detección de contactos estrechos, en número de 30 por 100 000 habitantes, es decir, entre 1700 y 2000, y el refuerzo de los servicios centrales y las unidades técnicas de salud pública.

Además piden garantía de la seguridad de todos los trabajadores, un plan de contingencia continuado en las residencias de personas mayores para garantizar su salud, bienestar y seguridad y un plan de preparación de los hospitales, con apertura de todas las camas cerradas,
circuitos separados para la COVID-19 y el resto, refuerzo de personal y optimización de
todos los recursos.

Según los profesionales, todas estas exigencias que piden al Gobierno regional y que forman parte de un decálogo, supondrían un coste de 400 millones de euros de los 2.250 que el Gobierno central ha dado a Madrid.