El Ministerio de Consumo que encabeza Alberto Garzón (UO) ultima una reforma para prohibir los números de atención al cliente de tarificación adicional.
Estos números 902, y otros similares suponen un coste abusivo para el interlocutor, que en determinados servicios se ve obligado a asumir.
Desde el ministerio han comunicado que se tiene que poner fin “a un abuso generalizado” que se ha disparado durante la pandemia.
La OCU estima que el precio de una llamada de cinco minutos a uno de estos números desde un fijo es de 0,56 euros, mientras que desde un móvil asciende a la cantidad de 2,82 euros.
Alberto Garzón ha señalado que las consultas sobre un servicio “no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas”.
Así lo ha anunciado El ministro de consumo en sus redes sociales: «Los números con prefijo 902 y otros similares quedarán prohibidos para la atención al cliente. Comenzamos una tramitación que acabará con un abuso generalizado que encarece las facturas de las familias trabajadoras cuando quieren hacer uso de sus derechos ante las empresas».
La reforma girará alrededor de una sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) que en 2017 declaró ilegal el coste de una llamada de un usuario a un servicio postventa fuera superior a la tarificación estándar.
Ya era hora!! menuda banda de txorizos!! y te tenían horaas en espera para aumentar la cuenta!!
— tambe_StopTTIP (@tambeNOTTIP) September 4, 2020
Cierto
— Arreglao!!! (@tonofolgado) September 4, 2020