El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por la violencia policial injustificada en una protesta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de publicar unja sentencia en la que condena a España por el uso desproporcionado de la fuerza de la policía en una protesta.

La denunciante, Montserrat Laguna Guzmán, sufrió una agresión por parte de la Policía que le provocó lesiones permanentes, en una protesta contra los recortes en el año 2014 en Valladolid.

Estrasburgo dictamina que se vulneró el derecho de protesta y que la acción de la policía no estaba justificada porque “la protesta fue pacífica” y la afectada no cometió ningún delito y condena a España a indemnizar con 248,10 euros en concepto de costas y gastos.

“Una persona no pierde el derecho a la protesta pacífica para que haya violencia esporádica u otros potenciales delitos en la manifestación si el individuo en cuestión sigue siendo pacífico”, indica la sentencia.

Si bien las normas que rigen las reuniones públicas, como la notificación previa, son esenciales para el buen desarrollo de los actos públicos, su aplicación no puede convertirse en un fin en sí mismo. En particular, las autoridades deberían mostrar cierto grado de tolerancia hacia las manifestaciones espontáneas que sigan siendo pacíficas“, reza el escrito.

“Si bien la reunión espontánea en cuestión había causado cierta molestia, se había llevado a cabo de manera pacífica hasta su dispersión. De hecho, no se ha ni demostrado que a la policía le hubiera resultado difícil controlar la manifestación de otro modo la situación. Tampoco se ha demostrado que la manifestación supusiera un alto nivel de alteración del orden público. Por lo tanto, las autoridades no proporcionaron razones suficientes que justificaran la dispersión de la manifestación”, señala el tribunal.

“En el proceso finalizado en 2018 quedó establecido que el comportamiento de los manifestantes y la inocuidad de sus lemas y pancartas no justificaron la fuerza desplegada por la policía. Ese uso injustificado de la fuerza contra la demandante en particular, que nunca había sido arrestada o procesada por acciones violentas durante las protestas, fue por lo tanto suficiente para que el Tribunal concluyera que la injerencia en sus derechos había sido desproporcionada”, sentencia el escrito.

La agresión:

La policía agredió a la denunciante por sujetar una pancarta en una protesta delante de un restaurante donde estaban comiendo políticos.

La policía intervino y le provocó heridas en la cabeza, la mano y la boca, por lo que fue trasladada al hospital.

El proceso: 

En 2016, el Instituto de Medicina Legal de Valladolid determinó que tenía la denunciante sufría una “incapacidad permanente” por las lesiones provocadas por los agentes.

Los tribunales desecharon el proceso penal contra los agentes por lesiones físicas al considerar que “no habían tenido más remedio que usar la fuerza ante una situación de violencia y desórdenes públicos”.

En 2017 el tribunal constitucional inadmitió el recurso de amparo presentado por la denunciante.

En 2019 la audiencia nacional le dio la razón a Montserrat  Laguna Guzmán y sentenció que el ministerio de interior debía indemnizarle con 10.000 euros.