El exconsejero de vicepresidencia de Esperanza Aguirre en Madrid, y ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, cobraba una comisión junto con el constructor David Marjaliza por cada colegio concertado adjudicado.
Según los archivos de la trama Púnica y las declaraciones de algunos testigos, la cantidad ascendía de 900.000 a 12 millones por la construcción de estos colegios.
El pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro dedicada a promover colegios concertados para venderlos luego a las cooperativas de profesores que los gestionarán.
Alfonso Ferrón del Río, propietario de esta empresa, se encuentra imputado por recibir los pagos de estas adjudicaciones.
Entre 2002 y 2014 Granados se podría haber embolsado más de 15 millones de euros a cooperativas de profesores, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Muchas personas en las redes sociales atribuyeron la reacción del PP contra la nueva ley Celaá a estos tejemanejes con la educación por parte de algunos miembros del PP.
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