El magistrado portavoz de jueces y juezas para la democracia, Joaquim Bosch, ha entrado en el debate sobre el «chiringuito» de ‘La oficina del español’, donde Ayuso ha colocado como director a Toni Cantó.
«Sobre la llamada «Oficina del Español de Madrid«, la Constitución establece que el nombre oficial es el castellano y no el español. Todas nuestras lenguas son españolas. Y todas deben respetarse, protegerse y usarse, que es lo contrario de alentar disputas entre idiomas».
Junto al texto adjunta una imagen en la que se lee el artículo 3 de la Constitución:
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Con este mensaje el juez sentencia que el español no corre peligro como algunos han querido hacer creer, dado que es una norma establecida de forma jurídica.
El mensaje del juez lleva más de 18.000 me gustas, y el juez ha debatido con algunos usuarios:
Usted tiene derecho a no ser constitucionalista, si así lo desea. Pero jurídicamente la Constitución está vigente en Madrid y en todo el país.
— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) July 3, 2021
Usted tiene derecho a usar el término que estime adecuado como filólogo. Pero la denominación institucional está establecida en la Constitución. Y fue el resultado de un intenso debate y de un amplio consenso. Eso debería respetarse por los poderes públicos.
— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) July 3, 2021
Yo estoy hablando en términos jurídicos e institucionales. Y no coloquiales o lingüísticos. Si un organismo público crea una oficina, debe respetar lo establecido constitucionalmente, porque es vinculante. En ese contexto el uso de español no es inocente, sino excluyente.
— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) July 3, 2021
Yo hablo de denominaciones institucionales y no de usos lingüísticos. La Constitución cerró el pacto de que el nombre oficial del idioma era el castellano y los poderes públicos deben acatarlo. Le dejo una parte de ese debate, que fue mucho más amplio. https://t.co/twYBxnt0Tp
— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) July 3, 2021