Los jueces en su auto se alinean con la defensa de Podemos «parece que la acusación popular de Prolege está empeñada en poner en entredicho la política retributiva de dicha formación política para considerar que algunos de sus empleados no son merecedores de determinados complementos salariales, como si de una nueva auditoría general se tratara, cuando su posición procesal es discutible que le legitime para reclamar explicaciones al titular del patrimonio a quien se las exige y decidir cuáles han de ser los sobresueldos de sus trabajadores».