El TC considera que se «incurrió en una grave negligencia al no impedir el perjuicio en el patrimonio público». Los informes de tasación ya reconocieron en 2016 que se vendieron por debajo del precio de mercado.
La escritura de venta incluía una cláusula de confidencialidad que reflejaba la falta de transparencia y objetividad.
En la sentencia también figura que al igual que en la irregularidades en el precio, también hubo ausencia de pliegos, no se realizaron los estudios técnicos obligatorios y en los concursos no se garantizó la libre participación a todos los interesados: «Los procesos estaban diseñados para que hubiera un beneficiado«.
El Tribunal de Cuentas cifra en casi 26 millones de euros los perjuicios ocasionados y declara responsable directo a Fermín Oslé, responsable de la EMVS, junto con Ana Botella y todos los concejales de su equipo de gobierno que figuraban en Junta de la empresa de vivienda: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, responsables del pago de 23 millones de euros para restituir el daño.