El Diário da República (el BOE portugués), ha anunciado que, a partir del 1 de julio, entra en vigor la nueva normativa de alquiler accesible aprobada en Portugal para poner límite a la inflación que sufre la vivienda arrendada por la llegada de trabajadores y el turismo.
De esta forma el Gobierno limitará los precios de los alquileres teniendo en cuenta un serie de aspectos como el tamaña, la zona, el nivel de renta y algunas características personales.
En Lisboa, donde se registrarán los precios más elevados de la denominada renta accesible: los arrendadores, a cambio de incentivos fiscales, podrán cobrar un máximo de 600 euros por un estudio, y no más de 1.700 por un piso de cinco habitaciones.
Si el alquiler se realiza por una única persona, esta no podrá tener unos ingresos brutos anuales que superen los 35.000 euros, un límite que se establecerá en los 45.000 si el contrato lo firma una pareja.
Se fija un importe máximo en gran parte del país que no puede exceder los 675 euros para la clase media.
La mayoría de localidades de Portugal se sitúan en el segundo escalón de precios más bajo, en el que las viviendas de una habitación podrán costar hasta 250€, las de dos habitaciones hasta 450€ y las de cinco hasta 675€.
Los arrendadores podrán percibir beneficios fiscales si la renta es inferior en un 20 % a los precios del mercado y si los inquilinos no tienen que soportar una tasa de esfuerzo indicador que mide el número de salarios medios anuales requeridos para pagar una vivienda superior al 35 %.