Este jueves, la organización Marea de Residencias presentará otra querella criminal contra los consejeros de Sanidad, Justicia y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, Enrique López y Alberto Reyero y los directores de residencias públicas y privadas de Madrid por delitos contra los derechos de los trabajadores.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción Número de 5 de Leganés ha notificado a la agrupación la inadmisión de la querella que presentaron el pasado 23 de mayo de 2020 por parte de familiares de residentes en cuatro centros de mayores de este municipio ante la dejadez del Gobierno regional hacia estos centros.

Esta querella por delitos de homicidio imprudente, lesiones, y omisión del deber de socorro, entre otros, estuvo motivada por la ausencia de medicalización en estos centros y estaba dirigida contra los responsables de los centros y contra Enrique López.

Los abogados han decidido recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial Madrid y se alegará que a los querellantes se les negó abrir una investigación judicial sobre el contagio o fallecimiento de sus mayores a causa del coronavirus.

También la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores de Residencias lamentaba que la Comunidad no notificara los fallecidos en residencias «ni a los familiares» y su presidente explicaba a El Plural que había dos incumplimientos gravísimos.

El primero de ellos es que las residencias debían tener a los residentes clasificados en cuatro grupos según las posibilidades de contagio, algo que tardaron varios días en hacer o no hicieron.

Y el segundo es que el Gobierno popular imposibilitaba a las Comunidades Autónomas para que interviniesen aquellas residencias donde no se había podido llevar a cabo dicha clasificación.

Otra de las polémicas que rodeó al Gobierno de Ayuso ha sido la del «borrador», enviado a los centros sociosanitarios, con unos protocolos que restringían el traslado de enfermos desde las residencias de mayores a los hospitales, según el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual de la persona.

Aunque en un principio se negó el envío de ese protocolo con los criterios de exclusión a los centros de mayores y la misma Ayuso asegurase que solo se había filtrado un borrador, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció que tal «borrador» se había enviado por error.