Llega a su fin el periplo judicial emprendido contra la formación Podemos por intentar acreditar la existencia de irregularidades en la administración de sus finanzas.
La denuncia contra la formación por una supuesta Caja B nació de las acusaciones de José Manuel Calvente, exabogado del partido y la exsenadora morada Celia Cánovas.
Vox participó como acusación particular recurriendo la sentencia del juez Escalonilla, que concluyó que la llamada caja de solidaridad del partido no infringe la ley y no presenta ninguna irregularidad.
“No existe ningún indicio existente de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida. Ni tampoco que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”.
La caja de solidaridad de Podemos es un fondo que gestiona el diputado Rafa Mayoral en el que los miembros del partido donan parte de su sueldo para destinarlos a proyectos sociales, algunos de ellos propuestos por los militantes.
La Audiencia Provincial de Madrid cierra por segunda vez esta causa, rechazando los recursos de VOX y Celia Cánovas, y concluye que «no consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos».