Ayer Pedro Sánchez tenía preparado un gran despliegue para presentar el plan de recuperación para España, en el que anunció la creación de 800.000 puestos de trabajo para la nación, pero el acto fue eclipsado.
La noticia de la petición del juez García Castellón al tribunal supremo para imputar a Pablo Iglesias colapso los informativos y medios digitales.
El juez ha pedido que se impute al vicepresidente dentro del marco del «caso Dina» por los supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa.
La noticia fue una sorpresa partiendo de la base que hace apenas 2 semanas, la misma sala le devolvió la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y poco antes después la policía científica descartó que destruyera la tarjeta.
Muchas son las voces que han considerado esta imputación como ‘Lawfare’ o de disparate como el magistrado emérito del supremo Martínez Pallín o la jueza victoria Rosell.
Un usuario ha publicado una captura del auto en el que se muestra otro indicio que apunta a que todo podría haber sido fabricado para perjudicar al gobierno de coalición. El auto se publicó ayer día 7 de Octubre, pero en el propio documento figura la fecha del 8 de octubre, un día posterior.
Así es
— Elisa Beni (@elisabeni) October 7, 2020
Ya no nos quedan calificativos.
— carlota ferrer (@carlotaferrer) October 7, 2020