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«Si llega a ser de Podemos…». El TC tiene desde hace 11 meses la denuncia de una ‘caja B’ de Vox

El Tribunal de Cuentas guarda bajo su custodia una denuncia contra VOX por presuntas irregularidades en sus finanzas que fueron denunciadas en Valencia.

La fiscalía anticorrupción inició una investigación en julio del 2020 a la formación de extrema derecha en Valencia después de que varios militantes denunciaran irregularidades en la financiación del partido por la existencia de una Caja B.

En la denuncia los militantes consta que Javier Ortega Smith era conocedor de las irregularidades y que no hizo nada.

Primero acudieron al Comité de Derechos y Garantías de Vox, pero este movimiento fue inútil.

En los escritos presentados se explica cómo el número uno de Vox en la Comunidad Valenciana, José María Llanos, indicó a los afiliados al corriente de pago que “era necesario entregar unas cantidades que posteriormente ingresaríamos en la cuenta del partido con el concepto de donación», según informó Valencia Plaza.

Los militares denunciantes detectaron que habían realizado donaciones a razón de 4.000 euros con sus datos personales sin tener conocimiento de ello. La autora de la denuncia de Valencia aseguraba que la supuesta «caja b» se iba nutriendo «de las aportaciones que entregan los responsables de Valencia en unos sobres».

La Fiscalía Anticorrupción Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana remitió el caso al Tribunal de Cuentas para que investigase si los hechos podrían haber sido constitutivos de delito.

13 días después de su envío, la fiscal encargada de las diligencias concluyó que no había indicios de delito, propuso cerrar la investigación y se cerró. 11 meses después, el Tribunal de Cuentas no ha iniciado la investigación.

Infolibre preguntó al Tribunal de Cuentas por este archivo y respondió que «la iniciativa para pedir el inicio de actuaciones fiscalizadoras corresponde al propio tribunal y que solo se investiga algo por iniciativa propia o por solicitud de las Cortes o Parlamentos autonómicos».

También alegó que «Debe tenerse en cuenta que nosotros no podemos actuar si no es en el marco de nuestras competencias, dentro de las que no entra, en ningún caso, resolver sobre responsabilidades penales, que son responsabilidad de los tribunales penales». Esta respuesta sorprende dado que lo que pedía la Fiscalía anticorrupción de Valencia era justamente la averiguación de potenciales infracciones de índole administrativa, no penal.