Una paciente madrileña de 59 años con una enfermedad crónica osteomuscular incurable a la que se le sumó un cáncer de vejiga agresivo solicitó en el Hospital Gómez Ulla de Madrid la eutanasia.

El sistema madrileño de salud no activó el protocolo correspondiente  estipulado tras la aprobación de la ley eutanasia por el Congreso el pasado mes de junio.

La mujer se quitó la vida en un hotel. 

La última carta que recibió de la administración fue el 8 de septiembre, que le indicó que debía de esperar. La enferman ya había declarado en su solicitud que padecía dolores «insufribles», tal y como adelantó el diario El País. 

La solicitud de la enferma se realizó el 7 de julio el hospital Gómez Ulla, cuando la paciente se lo pidió a su médica. La doctora le dijo que sí, pero 48 después vía telefónica le comunicó que se había declarado objetora de conciencia.

En estos casos el protocolo dicta que se le debe asignar a otro médico para que haga la correspondiente evaluación. La mujer reclamó con un escrito:

«De acuerdo con la ley, mi solicitud debe incorporarse a mi historia clínica y, en el caso de que mi médica sea objetora, la Administración sanitaria me facilitará el contacto con otro médico para que gestione mi solicitud de ayuda para morir. Una semana después todavía no tengo ninguna respuesta, lo cual es claramente irregular. El médico responsable puede denegar mi solicitud siempre por escrito y de manera motivada en un plazo de 10 días”.

La paciente añadía que «independientemente de que se haya nombrado o no la Comisión de Garantía y Evaluación, que depende de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el hospital Gómez Ulla tiene la obligación de tramitar sin más demora mi solicitud. Les hago saber que mi voluntad clara, firme, reiterada e inequívoca de morir en el hospital se debe al sufrimiento constante e intolerable que padezco, por lo que les ruego encarecidamente que respeten mi derecho a decidir hasta cuándo debo soportar tanto dolor físico y psíquico”.

La respuesta de la administración: 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid respondió según el citado médico que: «la médica que la atendía se declaró objetora. Por eso fue valorada por otro médico del hospital, quien consideró que no cumplía los criterios”.

La enferma cumplía con los requisitos para ser aceptada para que le aplicasen la eutanasia, pero no fue examinada por un segundo médico.

La administración se limitó a dar acuse de recibo de la queja y su traslado a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública. 

La mujer finalmente se quitó la vida.

El PP va a recurrir la ley de eutanasia ante en Tribunal Supremo.