La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que abrió hace unos días sobre las declaraciones de dirigentes de ERC, Adelante Andalucía y BNG que incluían insultos contra la Casa Real.

Según ha adelantado El Confidencial, el Ministerio Público ha considerado que las afirmaciones de Pere Aragonés, Teresa Rodríguez y Ana Pontón en las que aseguraban, entre otras cosas, que los Borbones son ladrones y la familia real una organización criminal no son injuriosas ya que están amparadas por la libertad de expresión.

Aragonés declaró que la Familia Real son «una organización criminal» y aseguró que la Monarquía «solo puede ser corrupta por definición». Ana Pontón indicó que su partido seguiría pidiendo «que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción» y Teresa Rodríguez llamó «ladrón» tanto a Juan Carlos I como a Felipe VI y aseguró que la Monarquía está «corrupta hasta el tuétano».

Los fiscales han considerado que las declaraciones entran en el terreno de la crítica y no constituyen delito y el archivo se centra en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en la que se impone una especial protección a la libertad de expresión.

La tarea de perseguir los delitos de injurias a la Corona no es fácil. En 2018, el Tribunal de Estrasburgo condenó a España a indemnizar a dos individuos sentenciados a 15 meses de cárcel por quemar fotos del Rey en una protesta en Gerona, al considerar que aquel gesto no fue un ataque al Jefe del Estado sino una crítica.

También España fue condenada a indemnizar a Arnaldo Otegi al considerar que llamar al Rey «jefe de los torturadores» no suponía un atentado personal gratuito contra la persona del Rey, ni cuestionaba su vida privada o su honor personal y por lo tanto no justificaba una pena de prisión.

«Las expresiones empleadas por Otegi se refieren únicamente a la responsabilidad institucional del Rey en cuanto jefe y símbolo del aparato del Estado y de las fuerzas que, según él, habían torturado a los responsables del periódico Egunkaria», dictaba la sentencia.

Además,el Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el castigo penal a la negación de actos contra la humanidad, como el cometido por los nazis contra los judíos durante la segunda guerra mundial destacando que la libertad de expresión es válida también para las ideas que «contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte de él».

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