La unidad de la Policía que investiga si las donaciones de algunos empresarios a la Caja B del PP dieron lugar a la concesión de contratos públicos para sus empresas ha enviado un informe a al juez responsable del caso en el que ha detectado movimientos irregulares.
El informe duda de la legalidad de hasta 23 adjudicaciones de cinco Ministerios durante el mandato de José María Azar como presidente de España entre los años 2000-2004
Estos contratos salpicarían a la Agencia Tributaria, Renfe, AENA y Adif. El juez deberá decidir si investiga estos contratos detectados por la UDEF valorados en casi 600 millones de euros.
La UDEF concluye en el informe que existen elementos “objetivos, subjetivos y temporales” que evidencian el nexo entre las donaciones y la concesión de proyectos. “Las entregas de dinero realizadas entre 2002 y 2006 son coetáneas con los procesos de tramitación de los expedientes de contratación de los que resultó adjudicatario”.