La Justicia no avala a la Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso (PP) y confirma la nulidad de la venta de las 2.935 viviendas sociales en el año 2013.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid ha dictado un auto que da la razón a los afectados, que llevan meses esperando que el Gobierno madrileño cumpla la última sentencia dictada en marzo por el Tribunal Supremo.

En la sentencia se confirmaba la nulidad de la venta y se recuperaban las viviendas que hasta ahora pertenecían a Azora. Pero, el Gobierno de Ayuso aferrándose a una interpretación  la sentencia, dijo que la justicia solo los obligaba a «indemnizar exclusivamente al único demandante», Rachid Bouikou.

En un auto dictado el 1 de febrero, el 29º Tribunal Contencioso Administrativo rechazó esta interpretación. «Se declara que la sentencia de este juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran», dice la sentencia.

En ese sentido, otorga un plazo de diez días a la Agencia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid para que «proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada».