El ex comisario Villarejo pagó 60.500 euros por medio de transferencias a una de las empresas que formaban parte de la presunta trama de financiación ilegal del PP por la que Fiscalía Anticorrupción ha pedido que sea citada a declarar como imputada la expresidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, según avanza ‘El confidencial’.
Las transferencias se realizaron en el segundo semestre del ejercicio del 2016 y se justificaron mediante cuatro facturas por conceptos no especificados, según datos del sumario de una de las piezas separadas del caso la ‘Pit’, una de las 13 en las que se divide la llamada operación Tándem sobre las presuntas actividades irregulares del agente encubierto.
El dinero salió presuntamente de dos cuentas bancarias de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), la compañía de investigación de Villarejo, y tuvo como destino The Cell Core SL, una agencia de comunicación administrada por el publicista Juancho Madoz, proveedor electoral del Partido Popular y, según el sumario del caso Púnica, una pieza clave en el esquema que habría tejido la formación para desviar fondos públicos a su caja B para sufragar parte de los gastos de sus campañas en las municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 y 2011.
Hasta la fecha el nombre de Villarejo no aparecía en este entramado, pero al menos cuatro facturas por importes casualmente redondos lo relacionan con esa red de mercantiles.
La auditoria de las cuentas que Cenyt tenía abiertas en los bancos Santander y Sabadell, inspeccionadas por Asuntos Internos de la Policía Nacional en un informe incorporado al caso Tándem, confirman la implicación.
El pasado viernes, anticorrupción pidió investigación de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia cotizada como persona jurídica para que declaren para aportar su versión sobre el desvío de fondos públicos al PP.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Partido Popular de Esperanza Aguirre desvió más de 25 millones de euros de dinero público desde las Consejerías de la Comunidad de Madrid para financiar sus campañas de forma ilegal en cinco años.