La Fiscalía Superior de Andalucía ha iniciado las pertinentes diligencias de investigación penal por la contratación de 159 empleados públicos que efectuó la Junta de Andalucía el pasado 8 de julio.

Se investiga el proceso de promoción que se hizo con carácter urgente  y a través de correo electrónicos con un plazo de 24 horas de duración, en los que ni siquiera figuraba el currículum.

Esto es contrario a derecho y vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad tal y consta en la legislación vigente del Estatuto del Empleado Público.

Elías Bendodo, portavoz de la junta  y dos de las colaboradoras del presidente Juanma Moreno Bonilla están acusadas de prevaricación por haber dictado una resolución injusta a sabiendas.

En la convocatoria además se excluyeron a las mujeres embarazadas o periodo de lactancia según denuncian la Mareas Blancas de Andalucía.

También se excluyeron «a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años». 

La Junta ha respondido ante la noticia que la convocatoria es legal debido a un decreto aprobado por el Parlamento y que goza con el aval de los sindicatos.