La Fiscalía abre una investigación al Gobierno de Andalucía por presunta prevaricación

La Fiscalía Superior de Andalucía ha iniciado las pertinentes diligencias de investigación penal por la contratación de 159 empleados públicos que efectuó la Junta de Andalucía el pasado 8 de julio.

Se investiga el proceso de promoción que se hizo con carácter urgente  y a través de correo electrónicos con un plazo de 24 horas de duración, en los que ni siquiera figuraba el currículum.

Esto es contrario a derecho y vulnera los principios de publicidad, mérito y capacidad tal y consta en la legislación vigente del Estatuto del Empleado Público.

Elías Bendodo, portavoz de la junta  y dos de las colaboradoras del presidente Juanma Moreno Bonilla están acusadas de prevaricación por haber dictado una resolución injusta a sabiendas.

En la convocatoria además se excluyeron a las mujeres embarazadas o periodo de lactancia según denuncian la Mareas Blancas de Andalucía.

También se excluyeron “a pacientes crónicos como hipertensos o diabéticos, que no estén en situación de invalidez por enfermedad, o a las personas mayores de 60 años”. 

La Junta ha respondido ante la noticia que la convocatoria es legal debido a un decreto aprobado por el Parlamento y que goza con el aval de los sindicatos.