La jueza Carmen Rodríguez-Medel,  titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha archivado la causa contra el delegado del gobierno José Manuel Franco,  por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo.

El auto de 51 páginas concluye que no hay indicios suficiente de delito de prevaricación del que se acusaba al socialista.

La Guardia Civil adjuntó como pueba del caso bulos y recortes de prensa desmentidos del diario de Inda, en la investigación de la ‘Operación Sanitario’ que imputó al socialista presuntos delitos de prevaricación administrativa al presidente Sánchez (que está aforado y no es objeto de investigación) y los 17 delegados del Gobierno de España por haber dado luz verde a las manifestaciones feministas del 8M.

El auto recoge que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19».

El escrito afirma que ni la jueza ni la Guardia Civil encuentran indicio alguno de delito en la actuación del delegado del gobierno de la CAM.

Cabe recurso contra este auto.

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